Mientras César Acuña proclama una cruzada contra la corrupción, Alianza para el Progreso apuesta por candidatos con sentencias por violencia, homicidio, nepotismo y delitos contra la administración pública. La ley los habilita, pero el mensaje político es devastador: legalidad sin ética y un Congreso que normaliza el pasado judicial.
Mientras César Acuña Peralta insiste en presentarse como un abanderado de la lucha contra la corrupción y la “renovación moral” de la política, la realidad de las listas que impulsa su partido para las Elecciones Generales 2026 expone una contradicción difícil de ignorar. Bajo el amparo de la legalidad, pero lejos de cualquier estándar ético exigible, decenas de candidatos con sentencias firmes por delitos graves buscan llegar al Congreso y al Parlamento Andino.
Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que al menos 53 postulantes vinculados a César Acuña registran antecedentes judiciales. De ese total, 32 aspiran a la Cámara de Diputados, 20 al Senado y 1 al Parlamento Andino. Si bien muchos han cumplido penas suspendidas o han sido declarados rehabilitados —figura que la ley permite para postular—, el debate de fondo no es jurídico, sino moral: ¿puede un partido que predica anticorrupción sostener candidaturas marcadas por la violencia, el abuso y la ilegalidad?.
La lista también incluye a Guisela Ayvar Gutiérrez, postulante a diputada por Ayacucho. En febrero de 2023 fue condenada por lesiones graves tras agredir a su suegra de 75 años, provocándole la amputación parcial de un dedo. Aunque se acogió a la terminación anticipada, reconoció los hechos y recibió cuatro años de pena suspendida, hace menos de un mes fue declarada rehabilitada por la Justicia.
